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lunes, 30 de octubre de 2017

LIBERTAD BAJO ATAQUE. LA PRENSA NO ESTÁ A SALVO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN SAN LUIS POTOSÍ: articulo19.org

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LIBERTAD BAJO ATAQUE. LA PRENSA NO ESTÁ A SALVO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN SAN LUIS POTOSÍ: articulo19.org
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.- El clima para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en San Luis Potosí se encuentra en su punto histórico más bajo. El temor se ha instalado en el gremio; varios periodistas de la entidad reportaran agresiones provenientes de funcionarios públicos después de la desaparición forzada, tortura y asesinato del fotorreportero de nota policiaca Edgar Daniel Esqueda Castro, colaborador de los medios Vox Populi y Metrópoli San Luis, el 6 de octubre.
Varias fuentes que pidieron permanecer anónimas reportaron a ARTICLE 19 que una semana después de la desaparición y asesinato de Esqueda, Julio Cevallos, ex-policía judicial filtró en un acto público un video en donde presuntamente el fotorreportero de nota policiaca menciona vínculos de integrantes de los medios El Pulso de San Luis, El Sol de San Luis y Código San Luis y otros periodistas locales con el crimen organizado. De ser legítimo, este video podría haber sido obtenido bajo tortura por lo que la veracidad de sus contenidos deben ser severamente cuestionados.
La filtración y difusión de este video constituye una forma de criminalización y ha consolidado una campaña de desprestigio contra los medios en San Luis Potosí a través de la instrumentación de una narrativa en la que, independientemente de la alusión individual a periodistas de diversos medios, “todos los reporteros de los periódicos” están relacionados en actividades criminales.
Otras fuentes anónimas corroboraron a ARTICLE 19 que el video fue presentado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en actos a puerta cerrada en la casa de gobierno, donde asistió personal de la PGE, la Secretaría de Gobierno del estado y empresarios. En dichos actos este material se ha presentado como legítimo.
La criminalización de medios desde el poder ejecutivo del estado es de suma gravedad ya que la reproducción de mensajes de este tipo abona a la construcción de juicios mediáticos sin una previa investigación judicial exhaustiva, diligente e imparcial. Esto genera un ambiente adverso en la opinión pública y contraviene el acceso a la justicia.
La difusión mediática de este tipo de videos incriminadores contra la prensa por parte de servidores públicos de alto nivel viola los derechos humanos y genera un efecto corruptor en el sistema de la justicia. Esto contrasta con la ausencia de información veraz y oportuna que imperan respecto al avance de las investigaciones de agresiones recientes contra la prensa en la entidad ya que fomenta la elucubración y la formulación de hipótesis desviadas respecto de los hechos ocurridos, sin garantizar el derecho a la verdad.
ARTICLE 19 ha documentado cómo medios mencionados en el video difundido como El Pulso de San Luis han sido atacados previamente a través de campañas de desprestigio en videos, memes y publicaciones en redes sociales enfocadas a vincular al medio con el crimen organizado. Tal es el caso de una publicación de pago en Facebook que asocia lo asocia como un “narco periódico”, en la página “Periodistas Unidos por San Luis”, difundida el 17 de octubre de 2017, la cual desapareció días después.
Además, se ha documentado cómo este medio ha sido objeto de diversas agresiones, entre ellas, la violencia institucional. Pablo Valladares, su director, ha enfrentado el inicio de diversos procedimientos penales y la judicialización a través de una demanda de daño moral, interpuesto el 28 de septiembre de 2017 por parte de Manuel Barrera Guillén, diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado, a raíz de una investigación periodística sobre enriquecimiento ilícito.
La cobertura de El Pulso de San Luis es crítica en temas de corrupción y transparencia, como ejemplifica la investigación periodística “La Ecuación corrupta” que devela corrupción de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PVEM en auditorías a nivel de alcaldías locales.
Además de las campañas de desprestigio, la intimidación presencial por parte de funcionarios públicos ha dejado verse. Otro reportero del medio –que pidió reservar su identidad­– dijo a ARTICLE 19 que el 18 de octubre, aproximadamente a las 10:30 de la noche, fue víctima de intimidación cuando policías arribaron a su domicilio: “llegó una patrulla número 2414 de la Policía Metropolitana con tres policías a preguntarme mi nombre”. El periodista fue interrogado sobre varios nombres de colegas del gremio y también se le cuestionó “si había puesto una demanda pidiendo protección a periodistas”. Al periodista no le fue mostrado ningún oficio, al requerir una orden judicial así como el acompañamiento de abogados para la indagatoria en su domicilio, los policías se retiraron.
La instrumentalización de narrativas criminalizadoras ponen en riesgo ulterior y agravado a los periodistas de los medios incriminados. Un periodista local refirió: “están usando estos videos para golpetear a los compañeros periodistas. Hay datos inciertos y la opinión pública no sabe lo que realmente está pasando. Después del asesinato de (Edgar) Daniel nadie quiere cubrir (nota) policiaca”. Uno de los periodistas criminalizados en el video difundido por autoridades narró a ARTICLE 19: “temo por mi integridad y la de mi familia, no tomo esto a la ligera, ya en el pasado trabajando nota en el estado me han golpeado policías mientras cubría un enfrentamiento de nota policiaca, no les pareció mi trabajo.”
Este tipo de campañas en San Luis Potosí crea un ambiente restrictivo para la libertad de prensa. Sobre todo cuando en este estado prevalece la opacidad sobre información de seguridad pública y que suma el grave antecedente reciente de tortura, desaparición forzada y asesinato de un periodista con indicios que participación de agentes ministeriales.
Un periodista ajeno a los medios mencionados en el video contó a ARTICLE 19 cómo antes del asesinato de Esqueda ya existían indicios de la infiltración grave del crimen organizado en las filas de las policías locales y añadió que a pesar de que policías ministeriales del estado estaban posiblemente implicados en el crimen contra Esqueda estas fuerzas “no se mencionan en el video difundido inicialmente”. Otro periodista de la entidad dijo: “nadie en San Luis Potosí investiga realmente cosas de seguridad. No nos podemos meter a reportear temas de ejecuciones ni decomisos a fondo, sólo nos limitamos a cubrir lo que sacan las autoridades, nadie quiere investigar por el peligro que implica.”
En este contexto, destaca la renuencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atraer la investigación en las agresiones contra Esqueda y la difusión del video obtenido bajo tortura, dados los indicios de la participación de autoridades estatales. Ante la falta de una investigación diligente y exhaustiva por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de San Luis Potosí, la FEADLE tiene la obligación de atraer el caso.
La situación se agrava cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí no ha sido proactiva en acreditar las violaciones de derechos e implementar acciones efectivas tras el conocimiento de las agresiones reiteradas contra la prensa en el estado. “Las instituciones oficiales en materia de libertad de expresión y derechos humanos en San Luis Potosí son deficientes; carecen de experiencia y conocimiento para enfrentar la violencia contra la prensa”, declaró un defensor de derechos humanos con conocimiento de terreno del estado de censura a esta organización.
Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la FEADLE, de la Procuraduría General de la República (PGR), atraer como establece su mandato constitucional en el Art. 73 fracción XXI, la investigación de los crímenes en contra de Esqueda y de otros periodistas en San Luis Potosí, privilegiando las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión sin descartar aquellas que vinculan a funcionarios públicos en la comisión de crímenes. Dicha investigación se debe efectuar de forma diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial en aras de garantizar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.
Al gobierno del estado de San Luis Potosí, en específico a su ejecutivo Juan Manuel Carreras, exige se abstenga de criminalizar y ejercer violaciones de derechos mediante la promoción de narrativas estigmatizadoras que generan condiciones negativas y obstaculicen la libertad de prensa, en especial la de medios que promueven la cobertura de temas de seguridad pública, transparencia y corrupción en la entidad, información de interés público relevante para las y los potosinos.
Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), implementar medidas coordinadas de protección tanto colectivas para los medios como individuales que así lo requieran contemplando medidas de reconocimiento como mandata la Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de tal manera que se revierta el impacto de campañas estigmatizadoras por parte de servidores públicos que ponen en riesgo a periodistas en San Luis Potosí.
Requerimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de su “Programa de agravio a periodistas y defensores civiles” atraiga la investigación por las posibles violaciones a derechos humanos y emita recomendaciones específicas dirigidas a autoridades estatales y federales para que se tomen medidas correctivas subsecuentes en el actuar de las mismas.

EDITORIAL: EDGAR DANIEL ESQUEDA CASTRO


EDITORIAL: EL BUKI


EDITORIAL: LA TERNA DE LA ASE


EDITORIAL: FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA


viernes, 27 de octubre de 2017

DENUNCIAN UN POSIBLE FRAUDE POR 3 MILLONES 140 MIL PESOS CON 73 CENTAVOS, EN LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA CARRANZA

27. 10. 2017. FRAUDE DENUNCIA GLT
DENUNCIAN UN POSIBLE FRAUDE POR 3 MILLONES 140 MIL PESOS CON 73 CENTAVOS, EN LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA CARRANZA
●   Embarran a Leopoldo Stevens Amaro y a Luis Antonio Mahbub Sarquís.
●   Guillermo Leal Tovías anuncia que, interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Leopoldo Stevens por las irregularidades en la asignación de obras.
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 27. 10. 2017 ● Un posible fraude por 3 millones 140 mil pesos con 73 centavos, en la rehabilitación de la Avenida Carranza, fue denunciado en un desplegado firmado por el ingeniero civil Guillermo Leal Tobías.
A través de un desplegado publicado este día, el constructor Guillermo Leal Tobías, hermano del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, donde se dice “consternado”, denuncia que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, a cargo del ingeniero Leopoldo Stevens, benefició a Luis Mabú, propietario de la constructora 3M, que, en el concurso de licitación para la segunda etapa de rehabilitación de la avenida Venustiano Carranza, hizo la propuesta más elevada y aun así fue beneficiado.
Entre la propuesta de Luis Antonio Mahbub Sarquís, y la que hizo el denunciante Guillermo Leal Tovías, existe una diferencia de más de 3 millones 140 mil pesos con 73 centavos, que pudieron ser utilizados en otras de las tantas necesidades de San Luis Potosí, sin embargo Leopoldo Stevens pasó por alto el ahorro y optó por lo más caro.
Guillermo Leal Tovías anuncia que, interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Leopoldo Stevens por las irregularidades en la asignación de obras.
Ante la falta de obras y piso parejo para los constructores potosinos, las voces de queja e inconformidad ya comienzan a surgir, sin que hasta el momento nadie en Gobierno del Estado se haya pronunciado al respecto.
Las pocas obras que ha realizado, en la entidad potosina, el gobierno de Juan Manuel Carreras, ha provocado un pleitazo entre constructores que denuncian favoritismo y tráfico de influencias para asignar proyectos que, denuncian, son las licitaciones más caras.

EN SESIÓN ORDINARIA EL CONGRESO DES SAN LUIS POTOSÍ, ELIGIÓ A FEDERICO ARTUTO GARZA HERRERA, COMO EL PRIMER FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Fiscal General del Estado, Federico Arturo Garza Herera
EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO SE ELIGIÓ A FEDERICO GARZA HERRERA COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SLP
●En sesión ordinaria el pleno del Poder Legislativo eligió por unanimidad al maestro Federico Arturo Garza Herrera como Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del 27 de octubre de 2017 al 26 de octubre de 2024.
San Luis potosí, México. 26 │ 10 │ 2017 │ ● Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción XXXII, 99 y 122 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Primero, Cuarto y Sexto transitorios del Decreto Legislativo número 705, publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” el 2 de octubre de dos mil 2017; y 40 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, el Congreso del Estado eligió al Fiscal General del Estado de una terna que recibió del Poder Ejecutivo del Estado integrada por la licenciada Verónica Jareda García y los maestros Federico Arturo Garza Herrera y Fernando López Díaz de León.
Después de su elección, en sesión solemne y con la presencia del Secretario General de Gobierno Licenciado Alejandro Leal Tovías y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Magistrado Juan Pablo Almazán Cue, representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente, el pleno del Congreso del Estado tomó protesta de ley al maestro Federico Arturo Garza Herrera como Fiscal General del Estado de San Luis Potosí.
En el dictamen que presentaron las comisiones de Gobernación; y Justicia se establece que acreditó el primero de los requisitos con el acta de nacimiento del profesionista propuesto, expedida por la Dirección del Registro Civil en el Estado, en la que consta que Federico Arturo Garza Herrera nació en San Luis Potosí y que cuenta con la edad requerida por el artículo 24 de la Constitución Particular del Estado para ser ciudadano, así como con la calidad de potosino necesaria para ser considerado como tal, en virtud de cumplir lo señalado en el artículo 21 fracción I del citado Ordenamiento.
Por lo que hace al modo honesto de vivir, éste se encuentra plenamente acreditado ya que consta en su currículum vitae, las actividades en las que se ha desempeñado, destacando la de notario público, respecto de la cual solicitó licencia renunciable para estar en posibilidad de desempeñar un cargo en la administración pública estatal; y actualmente la de Procurador General de Justicia del Estado.
En lo que se refiere al pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, no existe sentencia o mandamiento que le haya privado de éstos, por lo que resulta que el profesionista propuesto goza plena y legalmente de los mismos, extremo que se acredita debidamente con la carta de antecedentes penales, expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la que consta que no se encontraron antecedentes penales de Federico Arturo Garza Herrera.
El profesionista propuesto cumple cabalmente con el tercero de los requisitos, ya que cuenta con la cédula profesional de abogado No. 806455, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y tres, por lo que cubre con amplitud el término de diez años de antigüedad de la expedición de su título profesional, señalado en la fracción III del citado precepto.
En cuanto al ejercicio profesional del Maestro Federico Arturo Garza Herrera, requerido por el mismo numeral, éste se cubre con lo descrito en su currículum vitae, en el que consta de las actividades profesionales y académicas a las que se ha dedicado durante su vida.
Se colma el requisito señalado en la fracción IV del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, con la carta en la que consta que no se encontraron antecedentes penales del Federico Arturo Garza Herrera.
Se acredita su temporalidad de residencia en el Estado acorde a lo que exige la fracción V del artículo en comento, con la constancia de residencia expedida el veintinueve de septiembre del presente año por el secretario del ayuntamiento de San Luis Potosí bajo el número 6086/17, a nombre del profesionista propuesto, en la que consta su residencia efectiva ininterrumpida de más de cinco años en esta ciudad capital.
Asimismo, consta que el profesionista propuesto no ha ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente; Diputado Local, ni Presidente Municipal en el año inmediato anterior al que se le ha propuesto, por lo que no se encuentra impedido para ocupar el cargo en virtud de lo que establece la fracción V del artículo 99 de la Constitución Particular del Estado. Y que si bien es cierto actualmente ocupa la titularidad de la Fiscalía General del Estado, también lo es que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto Legislativo número 705, estipula en su párrafo tercero que “Quien ocupe el cargo de Procurador General de Justicia del Estado al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, no tendrá impedimento para ser propuesto, en su caso, para ser electo Fiscal General del Estado en los términos de la Constitución”.
OTROS DICTÁMENES Y PUNTOS DE ACUERDO
Se aprobó por mayoría, con 23 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, reformar el artículo 308 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de tipificar como delito penal el realizar, sin contar con la autorización municipal que los ordenamientos correspondientes exijan, obras o edificaciones en suelos destinados a vialidades; áreas verdes; bienes de dominio público; o lugares que tengan legal, o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico, o cultural, o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
A quien cometa este delito se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de un mil a tres mil días de salario mínimo vigente en el Estado.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que esta adecuación al Código Penal del Estado en su arábigo 308, al no ser suficiente la sanción administrativa y, como consecuencia, de la demanda de la sociedad, para atenuar la actividad especulativa que ocasiona el detrimento en ciudades y zonas paisajísticas, atendiendo a la ultima ratio, relativo a la legalidad en el orden del territorio, respecto del cual, las normas que para el efecto se expidan, tiene como finalidad la protección de la calidad de vida; restaurar y preservar el medio ambiente que se considera el apropiado para que las personas accedan al derecho consagrado en el artículo 4º que en su párrafo quinto estipula: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Fue aprobado por unanimidad reformar los artículos 199 y 321 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí a fin de armonizar este ordenamiento con la Ley General de Vida Silvestre, cuando ésta señala la prohibición expresa de la utilización de animales en circos, y en nuestra Ley de Salud Local aún se contemplaba la construcciones y adaptación de construcciones para el albergue o explotación de animales dentro de las zonas urbanas, con excepción de ferias, circos o exposiciones.
La reforma también obedece a instrumentos internaciones que advierten la importancia de evitar el maltrato en la totalidad de los animales en cualquier circunstancia que estos se encuentren, a fin de lograr un desarrollo sostenible.
Con esta reforma la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí establecerá que no se permitirá la construcción o adaptación de edificios para albergue o explotación de animales dentro de las zonas urbanas, excepción hecha de las construcciones destinadas a parques zoológicos, o bien para actividades transitorias tales como: ferias o exposiciones, las cuales deberán sujetarse a las disposiciones reglamentarias respectivas.
Se aprobó por mayoría, con 23 votos a favor y 1 en contra, autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí enajenar en la modalidad de donación gratuita y condicionada, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, para el uso y funcionamiento del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, un predio que parte de otro de mayor extensión ubicado en la Avenida Tecnológico s/n Colonia Ponciano Arriaga en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Fue aprobado por unanimidad reformar la Ley de Fomento Artesanal del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de fortalecer la estructura de la Junta de Gobierno de la Casa de las Artesanías, mediante la integración de los titulares de las Secretarías de Cultura, y Turismo, con la finalidad de llevar a cabo actividades trasversales en pro de dicha actividad.
Se aprobó por mayoría, con 17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, un punto de acuerdo que presentó el diputado José Luis Romero Calzada para exhortar a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí a que actualicen sus Reglamentos Internos, respecto a su obligación de prever, entre sus Comisiones Permanentes, la consistente en “Derechos Humanos y Participación Ciudadana”, y hecho esto, procedan a su integración.
Además, exhortar a los Ayuntamientos de Matehuala, Mexquitic y Santa María del Río, para que de no tener integrada aún la Coordinación Municipal de Derechos Humanos a que aluden los artículos 88 bis y 88 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, procedan hacerlo.
Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo que presentó la legisladora Guillermina Morquecho Pazzi para exhortar a la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado para que en coordinación con las autoridades municipales de la entidad refuerce las acciones de inspección en las estructuras de construcciones civiles, escuelas, o edificios que se ocupan como centros laborales y estudiantiles previniendo cualquier eventualidad en caso presentarse un movimiento sísmico de magnitud alta.
Se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que presentó la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Estatal y Federal, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para cuidar exhaustivamente las condiciones mecánicas de las unidades de transporte de personal y se genere un nuevo proceso de revista de ser necesario.
En asuntos generales se aprobó por mayoría, con 20 votos a favor y 2 abstenciones, un punto de acuerdo que presentó el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández para exhortar al presidente municipal de Matehuala que informe de la presunta compra de medicamentos con un incremento del 4 mil por ciento, con una erogación de 4 millones de pesos por ese concepto en 6 meses, a presuntos proveedores inexistentes, que se ha realizado en su administración.
En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; Ayuntamientos; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; Particulares e Iniciativas.
Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a partir de las 10 horas del martes 31 de octubre del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.

lunes, 23 de octubre de 2017

SEGUNDO INFORME DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN CIUDADANA, SOBRE EL TRABAJO REALIZADO EN MÁS DE 2 AÑOS, POR EL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA

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SEGUNDO INFORME DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN CIUDADANA, SOBRE EL TRABAJO REALIZADO EN MÁS DE 2 AÑOS, POR EL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA
En la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, el Grupo Editorial EL MUNDO DE SAN LUIS, y La Casa Encuestadora KREARTE IMAGEN, realizó 300 ENCUESTAS, BASADAS EN ENTREVISTAS CARA A CARA O DE PROFUNDIDAD, DE RESPUESTA ABIERTA, EN PAPEL (PAPI: PAPER AND PENCIL INTERVIEW), ALEATORIAS, del lunes 16 de octubre, al viernes 20 de octubre del año 2017, en el territorio seleccionado de la Plaza del Carmen, ubicada en el Centro Histórico, de las 11:00 horas a las 15: 00 horas, las cuales nos dieron los siguiente resultados:
De 300 encuestas realizadas, 183 fueron a mujeres, y 127 hombres.
1. ¿CONOCE A FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA?
Según las Encuestas Realizadas nos dieron como resultado que 183 mujeres y 127 hombres, SÍ saben quién es Federico Arturo Garza Herrera.
¿PORQUÉ LO CONOCE?
Según las Encuestas Realizadas, nos dieron como resultado que 162 Mujeres y 103 hombres, lo conocen como profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y 21 mujeres y 24 hombres lo conocen como Procurador de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, México.
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3. ¿LE PARECE CONFIABLE?
Según el resultado de la encuesta 170 mujeres y 117 hombres consideran su trabajo como confiable y bueno.
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4. ¿CUÁL ES SU PROPUESTA?
Según el resultado de la encuesta 118 mujeres y 68 hombres, consideran que será un buen Fiscal General y le piden al gobernador Juan Manuel Carreras López, que lo apoye.
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5. ¿A QUIEN ATRIBUYE EL FRACASO EN LA SEGURIDAD?
Las principales causas de la inseguridad en San Luis Potosí son: la corrupción de los políticos y de los cuerpos policiacos 37%, la impunidad 30%, la indiferencia del gobierno 13%, la pobreza 11%, el desempleo 9%

viernes, 20 de octubre de 2017

DIPUTADOS FEDERALES, APREMIAN A LA PGR, PARA QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE ENRIQUE GALINDO, POR LA MASACRE DE NOCHIXTLÁN DEL 19 JUNIO DEL 2016

20. 10. 2017. ENRIQUE GALINDO
DIPUTADOS FEDERALES, APREMIAN A LA PGR, PARA QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE ENRIQUE GALINDO, POR LA MASACRE DE NOCHIXTLÁN DEL 19 JUNIO DEL 2016
●   Luego de que ayer la CNDH señaló a Galindo Ceballos, al considerar que la intervención de la PF estuvo mal planeada, coordinada y ejecutada, además de que hubo uso excesivo de la fuerza, integrantes de la Comisión Especial del caso Nochixtlán, señalaron que la PGR no ha informado si ha abierto alguna indagatoria contra el ex funcionario.
●   “La PGR lo puede citar a declarar (pero) nosotros no conocemos ninguna averiguación en contra de Galindo, no conocemos ni en contra de quién más, de nadie. En este momento no hay ningún responsable. Sabemos quién disparó, quiénes estaban armados, y no entendemos por qué no hay detenidos ni responsables”, sostuvo Omar Ortega, ex presidente de la comisión.
●   “Siempre hemos dicho que justicia que no es pronta ni expedita y total no es justicia, y es lo que estamos viendo aquí, no hay ningún detenido hasta hoy, lo único que se logró es que el comisionado Galindo fuera separado de su cargo, pero hasta ahí”.
Escriben: Zedryk Raziel y Claudia Salazar
Cd. de México (EL NORTE, REFORMA, 19 octubre 2017).- Diputados apremiaron a la PGR, a iniciar una investigación en contra de Enrique Galindo, ex titular de la Policía Federal, por su presunta responsabilidad en las violaciones graves a los derechos humanos, de pobladores en el operativo de Nochixtlán del 19 de junio del 2016.
Luego de que ayer la CNDH señaló a Galindo Ceballos, al considerar que la intervención de la PF estuvo mal planeada, coordinada y ejecutada, además de que hubo uso excesivo de la fuerza, integrantes de la Comisión Especial del caso Nochixtlán, señalaron que la PGR no ha informado si ha abierto alguna indagatoria contra el ex funcionario.
“La PGR lo puede citar a declarar (pero) nosotros no conocemos ninguna averiguación en contra de Galindo, no conocemos ni en contra de quién más, de nadie. En este momento no hay ningún responsable. Sabemos quién disparó, quiénes estaban armados, y no entendemos por qué no hay detenidos ni responsables”, sostuvo Omar Ortega, ex presidente de la comisión.
“Siempre hemos dicho que justicia que no es pronta ni expedita y total no es justicia, y es lo que estamos viendo aquí, no hay ningún detenido hasta hoy, lo único que se logró es que el comisionado Galindo fuera separado de su cargo, pero hasta ahí”.
El perredista afirmó que deben ser investigados todos los implicados, desde quienes participaron en el operativo, en el que murieron siete civiles, hasta los funcionarios de la PGR y la Segob que, aseguró, obstruyeron las labores de investigación y hostigaron a víctimas y activistas en días posteriores.
“Es evidente que hay un estado de inseguridad, donde las instituciones no funcionan, donde la PGR es el peor abogado del pueblo, que no vela por los intereses y derechos humanos de nadie, y hoy con el cambio del titular se demuestra aún más que no tienen voluntad de llegar a la verdad en ninguno de los casos más lamentables, como el de Ayotzinapa y Nochixtlán”, sostuvo.
El morenista Virgilio Caballero, integrante de la comisión, calificó el operativo como una masacre por la que tendrían que ser llevados ante la justicia los funcionarios implicados.
“Hubo una clara intención de aterrorizar a la gente reprimiéndola, hiriéndola, asesinándola, como lo hicieron los policías federales y estatales.
“Debe abrirse una investigación que lleve al fondo de las cosas, ¿quiénes son los criminales?, ¿quién dio la orden de disparar la primera vez? Pero dispararon durante 12 horas, ¿quién continuó dando órdenes de disparar durante todo ese tiempo?”, cuestionó.
El vicecoordinador de la bancada de Morena apuntó que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó entregar a los diputados de la comisión un informe sobre el estado de las investigaciones de la PGR.
“No hay claridad de lo que la PGR ha investigado, no lo ha dado a conocer, no ha dicho nada.
“Nosotros intentamos tratar el tema en la comisión, tratamos de conversar, platicar, que nos dijera y declarara el Secretario de Gobernación, y no obtuvimos ningún dato”, acusó.

miércoles, 18 de octubre de 2017

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE RICARDO: SIN PIEDAD Y SIN PUDOR, TELEVISA INICIA LA GUERRA SUCIA, EN CONTRA DE RICARDO ANAYA Y DE RICARDO GALLARDO

18. 10. 2017. TELEVISA ATACA
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE RICARDO: SIN PIEDAD Y SIN PUDOR, TELEVISA INICIA LA GUERRA SUCIA, EN CONTRA DE RICARDO ANAYA Y DE RICARDO GALLARDO
●   El 4 de septiembre del 2017, se dio a conocer la creación de una coalición rumbo a las elecciones de 2018, bajo el nombre Frente Ciudadano por México. Está integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
●   Con el inicio de la sucesión presidencial, y las elecciones del año 2018, TELEVISA empezó la guerra sucia, en contra del Frente Ciudadano por México.
●   El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, informó que presentó una demanda contra el diario El Universal, quien informó que el político y su familia tienen inmuebles por 308 millones de pesos.
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 18. 10. 2017 ● TELEVISA desató primero su furia, en contra de Ricardo Anaya Cortés, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional.
Lo ha calumniado hasta la ignominia. Ahora investiga la fortuna de sus bisabuelos españoles. Les esculca en los bancos de Madrid, el origen de su riqueza financiera, que se remonta hasta los finales del año 1800.
Y luego siguió con Ricardo Gallardo Cardona.
El 4 de septiembre del 2017, se dio a conocer la creación de una coalición rumbo a las elecciones de 2018, bajo el nombre Frente Ciudadano por México. Está integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
Con el inicio de la sucesión presidencial, y las elecciones del año 2018, TELEVISA empezó la guerra sucia, en contra del Frente Ciudadano por México.
El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, informó que presentó una demanda contra el diario El Universal, quien informó que el político y su familia tienen inmuebles por 308 millones de pesos.
“Demostraré que el Gobierno federal es quien está detrás de esta campaña de desprestigio. Estoy seguro de que un juez federal me dará la razón.”
Así lo informó Anaya en una carta enviada al equipo de POR LA MAÑANA, donde además responde a la información que este lunes publica el mencionado rotativo, en cuanto a que las expropiaciones de terrenos que realizó Francisco Garrido Patrón, cuando era gobernador de Querétaro (2003-2009) beneficiaron directamente al panista y a su familia.
San Luis Potosí no es la excepción. La creación de perfiles de Facebook por parte del departamento de Comunicación Social de Gobierno del Estado, y de diputados como Gerardo “Chilillo” Serrano, en la que se ataca a sus adversarios políticos y medios de comunicación, que no se “alinean” a sus intereses, ha sido una constante desde hace unos meses. O la filtración de vídeos por parte del ex policía Julio Alfredo Ceballos Alonso.
La re victimización y criminalización del fotoperiodista Daniel Castro, secuestrado y ejecutado en días pasado, ha sido utilizado para atacar a reporteros y fotógrafos de diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como de redes sociales.
Aunque el gobernador Juan Manuel Carreras se ha comprometido a garantizar el derecho a la libertad de expresión, sin embargo sus empleados se han empeñado en hacer todo lo contrario.
EL ALCALDE RICARDO GALLARDO JUÁREZ, LE RESPONDE A CARLOS LORET DE MOLA, POR SU REPORTAJE TITULADO “LA GALLARDÍA” EN SU NOTICIERO “DESPIERTA”
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 18. 10. 2017 ● Sobre el reportaje publicado por el noticiero “Despierta”, titulado: “La Gallardía”, el Alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez aclaró lo siguiente:
Niego rotundamente tener vínculo alguno con la delincuencia organizada, como tampoco soy responsable, en mi función de Alcalde de San Luis Potosí, del incremento de la delincuencia como equivocadamente se señala en dicho reportaje.
Siempre asumo mi responsabilidad en todos mis actos, y me queda claro que la información imprecisa ahí señalada derivará en un golpeteo político a su máxima expresión para tratar de perjudicarme en los próximos comicios electorales aun cuando yo no he decidido ni he anunciado si contenderé por algún puesto político en 2018, lo que demuestra la preocupación de ciertos grupos sobre mis decisiones futuras en la vida política de San Luis Potosí.
Los potosinos, sin excepción, hemos vivido una ola de delincuencia imparable y preocupante, como Alcalde asumo mi responsabilidad, pero es absurdo que se diga que soy el responsable de actos reprobables que incluso superaron la capacidad de los gobiernos estatal y federal para contenerlos.
Sin el ánimo de disminuir mi responsabilidad, es necesario precisar que el hecho de que la mayoría de los delitos ocurran en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí obedece a una cuestión estadística-poblacional, no es difícil comprender que dichos municipios concentran a más de la mitad de la población de todo el Estado y por ende, que la probabilidad de que se cometan delitos en dichas demarcaciones sea mayor.
Soy el primero en pedir al Ejército Mexicano que respalde las acciones de prevención que realizamos, se lo he dicho a la comunidad en varias ocasiones. Culpar a “los Gallardo” de la delincuencia que vivimos es una visión maniquea, infantil, absurda y sesgada.
La violencia de alto impacto en toda la entidad data desde dos sexenios anteriores.
Como ciudadano, como empresario que ha dedicado la mayor parte de su vida a los negocios más que a la política tengo el derecho inalienable de adquirir bienes, más no poseo autos de lujo.
Sobre los presuntos casos de extorsión para la obtención de licencias de construcción, advierto que no permitiré tales anomalías en mi gobierno, desde mi llegada a la alcaldía capitalina me he ocupado de erradicar viejos vicios en distintas áreas de la administración municipal y lo seguiré haciendo con la ayuda de la comunidad, por lo que pido a quienes se sienten ofendidos se entrevisten conmigo para que, en caso de ser ciertas, proceder conforme a la ley.
Reitero que los argumentos que aparecen en el artículo son los mismos que se han venido usando contra mi persona y mi familia desde que era candidato a la alcaldía, y desde entonces no se me ha comprobado ni se me comprobarán nexos con la delincuencia por el sencillo hecho de que no los tengo, y que esto no es más que una estrategia para desprestigiarme por parte de grupos que, con la llegada de nuestro proyecto social al Ayuntamiento les arruinamos el control político de la capital del estado que venían ejerciendo en los últimos lustros.
Sobre la presunta compra millonaria de medicamentos, el reportaje no incluyó mi explicación sobre el hecho de que en su debido momento se aclaró dicha compra y quedó solventada ante la instancia correspondiente.
Finalmente, manifiesto, por enésima ocasión que respeto la libertad de expresión, gracias a este derecho contendí por la alcaldía capitalina en 2015, expresé mi inconformidad con la situación prevaleciente, cuestioné, propuse ideas y obtuve el triunfo, lo que sí exijo a los distintos actores es que se conduzcan con la verdad.
Respetaré siempre el derecho de las personas a ejercer la democracia, pero como responsable de la administración municipal también exijo que se cumpla las obligaciones que como ciudadanos y como contribuyentes tienen tanto mis simpatizantes y detractores, pues resulta inmoral que un ciudadano se ampare la profesión del periodismo para no pagar impuestos e incumplir con los requerimientos de ley en sus establecimientos.

lunes, 16 de octubre de 2017

DECLARA EN LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA, JULIO ALFREDO CEBALLOS ALONSO

16. 10. 2017. DECLARA JULIO CEBALLOS
DECLARA EN LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA, JULIO ALFREDO CEBALLOS ALONSO
●   En ella dice: “Que el 10 de octubre del 2017 aproximadamente a las 21:30 hrs. Iba circulando a pie y de repente me abordó en la esquina de Av. Damián Carmona y Juan Álvarez, barrio de Santiago, un hombre que yo no conocía de complexión media, altura 1.70 mts. de 45 años aproximadamente. Tez morena oscura cabello chino entrecano y con pantalón de mezclilla y sudadera negra deslavada; quien se dirigió a mí y me dijo: “Me pidieron que le entregara ésta memoria señor” inmediatamente después caminó rápido sin aceptar pregunta, hacia la avenida de La Paz perdiéndose entre los vehículos”.
●   Y agrega: “Acto seguido al tener yo, acceso en una computadora a esa memoria digital me percate de su contenido, el video que ahora es público y que contiene a un hombre vendado de los ojos, que se nota con aparentes lesiones y liquido color rojo en su persona y/o ropa interior, parecido a sangre, dando una supuesta declaración de aparentes hechos y personas en un diálogo con dos personas que no se ven en video pero aparecen sus voces en audio “en off” y quienes le preguntan diversas cuestiones que creo muy difíciles corroborar solo con este dicho”.
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 16. 10. 2017 ● Julio Alfredo Ceballos Alonso, investigador privado, compareció como ofendido ante el Lic. Carlos Alejandro Pérez Vargas, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Feminicidios y Homicidios, de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Rindió su declaración por escrito, el sábado 14 de octubre a las 19:20 horas.
En ella dice: “Que el 10 de octubre del 2017 aproximadamente a las 21:30 hrs. Iba circulando a pie y de repente me abordó en la esquina de Av. Damián Carmona y Juan Álvarez, barrio de Santiago, un hombre que yo no conocía de complexión media, altura 1.70 mts. de 45 años aproximadamente. Tez morena oscura cabello chino entrecano y con pantalón de mezclilla y sudadera negra deslavada; quien se dirigió a mí y me dijo: “Me pidieron que le entregara ésta memoria señor” inmediatamente después caminó rápido sin aceptar pregunta, hacia la avenida de La Paz perdiéndose entre los vehículos”.
Y agrega: “Acto seguido al tener yo, acceso en una computadora a esa memoria digital me percate de su contenido, el video que ahora es público y que contiene a un hombre vendado de los ojos, que se nota con aparentes lesiones y liquido color rojo en su persona y/o ropa interior, parecido a sangre, dando una supuesta declaración de aparentes hechos y personas en un diálogo con dos personas que no se ven en video pero aparecen sus voces en audio “en off” y quienes le preguntan diversas cuestiones que creo muy difíciles corroborar solo con este dicho”.
Y precisa en su declaración por escrito: “El suscrito no soy, ni fui testigo de los hechos contenidos en el video, yo solo hice pública esta información por mi obligación cívica y para apoyar a resolver este crimen, misma que llegó a mi de manera anónima; es decir, las herramientas que doy a las autoridades, contienen líneas de investigación, que conforme a la fracción I, del Apartado A del artículo 20 y 21 Constitucionales, el ministerio público y las policías investigadoras están obligadas a seguir, agotar, descartar y tomar las efectivas con el objeto de esclarecer los hechos arribar a la verdad y someter a justicia a los responsables.
LA PGR INVESTIGA A LOS JEFES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, POR SUS PRESUNTOS NEXOS CON EL CRIMEN
CANAL 7
●   Tras video incriminatorio, investigan a jefe de la ministerial; la grabación circuló ayer en chats de la policía y funcionarios públicos
●   En él, aparece el hombre que encontraron muerto en el periférico oriente, confesando que los principales jefes de la policía investigadora son quienes le proveían de droga
●   El gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, ha ordenado se otorguen todas las facilidades a autoridades federales para la investigación y se castigue conforme a la ley
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 16. 10. 2017 ● La tarde del sábado 14 de octubre, comenzó a circular un video donde aparece el presunto ejecutado que fue encontrado ese mismo día por la mañana sobre el periférico oriente, en el municipio de soledad, sin embargo, al momento, ningún grupo delictivo se ha adjudicado el homicidio del ejecutado, ni de la grabación que circula.
En el video, aparece el joven que fue encontrado muerto, donde hace señalamientos contra Guadalupe Celestino, jefe de la policía ministerial en San Luis Potosí; asimismo, vincula al mando con tener nexos con Antonio Varela López, recientemente detenido, entre otros nombres que menciona el fallecido.
Se conoce, que el gobernador del estado Juan Manuel carreras López, se encuentra al tanto de la situación, debido a las constantes ejecuciones donde señalan que son los mandos encargados de la seguridad del estado, quienes mantienen una red de corrupción, siendo presuntamente culpables de varios ilícitos.
Ante ello, es la Procuraduría General de la República (PGR) y la SEIDO ya realizan las investigaciones correspondientes a la Policía Ministerial por este caso y por el homicidio del periodista Daniel Castro, por lo que Carreras López ha dado instrucciones para que se brinden todas las facilidades a personal de seguridad federal y se castigue a los responsables conforme a la ley.
En tanto, por estos y otros hechos, ya se abrió la carpeta de investigación pertinente, aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado, no ha brindado ninguna declaración.
CIERRA VOXPOPULIS SU PORTAL DE NOTICIAS
VoxPopuli
ESCRIBE: Antonio González Vázquez
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 16. 10. 2017 ● El portal de noticias, VOX POPULI en el que laboraba Edgar Daniel Esqueda Castro, anunció que deja de publicar noticias relacionadas con seguridad pública. Al no haber condiciones de certeza y por recomendación hecha por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Ese diario electrónico dio a conocer en su sitio de Facebook que ha dejado de publicar su sección de notas policíacas.
Esqueda Castro, reportero gráfico de ese medio fue secuestrado y luego ejecutado el pasado día seis de octubre.
Este es el anuncio que fue publicado. En el texto, también reaccionan ante la difusión de un video donde aparece el reportero fallecido.
En relación al contenido del vídeo: El video tiene inconsistencias e información tendenciosa, se encuentra Daniel vendado y maniatado, reaccionando defensivamente ante los ruidos fuertes debido a la violencia que se le ejerció. Sobre el manejo de información a gusto: esto es falso, debido a que el fotógrafo o reportero no decide en su totalidad la información que se pública en temas tan delicados como lo es la seguridad y este medio siempre ha estado en coordinación con la PGJE para tener una certeza que la información es correcta y verídica. Daniel Castro no decidía sobre la información oficial.
Finalmente en todos los supuestos que existen sobre la información que Daniel dice bajo tortura (la propia PGJE confirmó que su cuerpo tenía tortura excesiva y la frente destrozada) las preguntas que quedan ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué torturarlo? ¿Por qué grabar un video y difundirlo? ¿Quién gana con criminalizar a la prensa y quién pierde? La autoridad es la responsable de resolver éste y otros homicidios en San Luis Potosí, de los cuales no hay certeza y justicia.
Ante una falta de certeza de seguridad y esclarecimiento de éste y todos los hechos de violencia que han ocurrido en SLP y como siempre se han denunciado en este espacio, este medio atendiendo las recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos ha decidido tomar medidas precautorias de seguridad al eliminar su sección de Nota Roja. Así es, en México una medida de protección para los periodistas lamentablemente es la autocensura, una medida que nos aleja más de la libertad de expresión.
La eliminación de esta sección no compromete en nada la información y denuncias que siempre hemos atenido de nuestros lectores a quien nos debemos. Continuamos con la convicción de ser un instrumento útil de la sociedad.
¿Quién sigue en ser privado de su libertad, torturado, ejecutado y criminalizado? Una pregunta que queda.
Hasta ahí, el texto.
SIN NOTICIA DE LOS ASESINOS
ASESINAN A DANIEL
ESCRIBE: Antonio González Vázquez
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 16. 10. 2017 ● Se cumplen ya diez días del crimen y las autoridades locales y federales no han concluido las investigaciones ni han reportado tampoco nada a la opinión pública sobre las circunstancias del caso.
Desde el ayuntamiento de San Luis Potosí no ha habido reacción alguna pese a que el reportero fue sacado de manera forzada de su domicilio en la colonia Julián Carrillo, así como tampoco hay información del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, donde fue localizado el cuerpo del reportero.
Tampoco, hay información del gobernador Juan Manuel Carreras López. Tampoco del secretario General de Gobierno, Alejandro Leal. Tampoco del secretario de Seguridad Pública, Arturo Gutiérrez y tampoco del Procurador de Justicia, Federico Garza.
La Procuraduría General de la República que atrajo el caso, tampoco ha dicho una sola palabra.