¡9 MUERTOS!
- LOS CADÁVERES QUEDARON TIRADOS EN LOS LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN LUIS POTOSÍ. LOS ENFRENTAMIENTOS A BALZOS COMENZARON EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ENTRE LAS 3 Y LAS 4 DE LA MADRUGADA.
SAN VICENTE TANCUAYALAB.- Un enfrentamiento a balazos entre pistoleros y un Comando del Ejército Mexicano, dejó un saldo de nueve muertos.
Los cadáveres quedaron tirados en los límites del estado de Veracruz con el municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí.
Los enfrentamientos a balzos comenzaron en el estado de Veracruz, entre las 3 y las 4 de la madrugada.
El tiroteo fue reportado a las autoridades potosinas cerca de mediodía, cuando los pistoleros intentaban huir a la huasteca potosina cruzando el río Moctezuma por el municipio veracruzano de El Higo.
Según información extraoficial, nueve delincuentes perdieron la vida en el enfrentamiento.
La Secretaría de Seguridad Pública detalló que personal de C4 del estado de Veracruz, informó a las autoridades policiacas de San Luis Potosí, que se registró un enfrentamiento entre personal militar y civiles, en algunos municipios de Veracruz, que colindan con el municipio potosino de San Vicente Tancuayalab.
Agregó que aproximadamente a las 12:20 horas en el ejido Tantojón, de San Vicente Tancuayalab, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 25 a 35 años y a un costado de él, un arma larga R15 y un cargador.
El pistolero recibió un impacto de arma de fuego. Derivado de ese enfrentamiento en Veracruz, el hoy occiso cruzó el río Moctezuma y ahí recibió el impacto quedando en territorio potosino.
Indicó que el estado de Veracruz reporta varias bajas derivado de este enfrentamiento en aquél estado.
Los militares localizaron a dos kilómetros de El Higo siete de doce camionetas participantes en los ataques, tres de ellas blindadas.
COMPRA EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL, UNA TORRE MÓVIL DE VIGILANCIA. LE PAGA 1.7 MILLONES DE PESOS, AL PROVEEDOR RICARDO CORDERO ONTIVEROS.
SAN LUIS POTOSÍ.- Una torre móvil de video vigilancia manejada por computadora, que alcanza seis metros de altura, de hechura estadounidense y con un costo aproximado de un millón 700 mil pesos, compró la Dirección General de Seguridad Pública (DGSPM). El jefe de la corporación, Juan Felipe Sánchez Rocha, dijo que se tiene previsto emplearla en espionaje de eventos masivos, y en colonias conflictivas. El dueño de la compañía proveedora, Ricardo Cordero Ontiveros, le entregó ayer la máquina al responsable de la seguridad pública en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Municipal (UAM). Acordaron que el próximo sábado el aparato será sometido a pruebas y la empresa instruirá a personal de la policía municipal que será asignada a operarla. La torre se remolca enganchada a un vehículo, está equipada con su propia planta generadora de energía eléctrica y dotada con rayos infrarrojos, lo que permite su uso nocturno. Se pagó con recursos del programa federal del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).
*.- ¿SE TRATA ACASO DEL MISMO PROVEEDOR DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL?
ACEPTA EX AGENTE MEXICANO HABER LAVADO DINERO EN EU. EL EX AGENTE ANTINARCÓTICOS MEXICANO, RICARDO CORDERO ONTIVEROS, SE DECLARÓ CULPABLE DE LAVADO DE DINERO EN EU. PODRÍA ALCANZAR 20 AÑOS DE PRISIÓN.
SAN ANTONIO, ESTADOS UNIDOS, SEP. 2, 2004.- El ex agente antinarcóticos mexicano Ricardo Cordero Ontiveros, quien en 1996 denunció actos de corrupción en la lucha contra el narcotráfico en México, se declaró en San Antonio culpable de lavado de dinero. Cordero Ontiveros, de 43 años de edad, fue acusado en noviembre pasado por un gran jurado federal de San Antonio, Texas, de cuatro cargos por ayudar a lavar al menos 12 millones de dólares a una organización de traficantes de cocaína en Nueva York y Nueva Jersey. De acuerdo con documentos interpuestos en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) lo acusó de haber ordenado las transferencias de ese dinero a México vía Texas y Arizona. Agentes federales estadounidenses lo detuvieron en Nueva York ese mismo mes y lo trasladaron a una cárcel de San Antonio para enfrentar las acusaciones. En diciembre pasado, la juez federal, Pamela Mathy, le negó la libertad bajo fianza y ordenó que permaneciera en la cárcel hasta que enfrentara un juicio. Sin embargo, su declaración de culpabilidad emitida en español durante una breve audiencia este miércoles, elimina la necesidad de efectuar el proceso. Fuentes judiciales informaron que Cordero Ontiveros se declaró culpable luego de llegar a un acuerdo con la Oficina del procurador federal. Bajo el acuerdo, el ex agente aceptó su culpabilidad en uno de los cuatro cargos que pendían en su contra, a cambio de la posibilidad de ser sentenciado a 20 años de prisión. Las autoridades aceptaron desechar los otros tres cargos por lavado de dinero. Cordero Ontiveros sólo se responsabilizó de haber "lavado" 370 mil dólares en efectivo. El dinero fue localizado en el interior de su automóvil por inspectores de aduanas cuando intentó ingresar a territorio estadounidense por la frontera de Laredo, Texas, el 24 de febrero de 2001. “Él se declaró culpable al cargo número dos al que le corresponde la menor cantidad (de castigo) en la acusación", explicó Cynthia Orr, una de sus abogadas. "Era dinero que él realmente tenía y que él declaró", dijo. En 1996, Cordero Ontiveros fungió durante siete meses como subdirector de aprehensiones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en México. El ex agente renunció a su cargo para denunciar que lo hacía frustrado por la extensa corrupción en las organizaciones mexicanas involucradas en la lucha contra las drogas. Poco después las autoridades mexicanas lo detuvieron y encarcelaron bajo cargos de chantaje y coacción, pero fue declarado inocente y dejado en libertad luego de 15 meses de prisión. Cordero Ontiveros permaneció ocho años fuera de la vida pública, presuntamente dedicado a actividades empresariales en el sur de Texas. El ex agente reapareció en noviembre pasado cuando un gran jurado federal en San Antonio dio a conocer los cargos en su contra.
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