GUILLERMO COLORADO CONTRERAS, YA ESTÁ EN ESPAÑA. LO SACÓ DEL PAÍS, SU TÍO, EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, JOSÉ LUIS RUIZ CONTRERAS

GUILLERMO COLORADO CONTRERAS, YA ESTÁ EN ESPAÑA. LO SACÓ DEL PAÍS, SU TÍO, EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, JOSÉ LUIS RUIZ CONTRERAS

• La Procuraduría General de Justicia del Estado recibió a partir de abril, 15 denuncias en contra del ex funcionario estatal, Guillermo Colorado Contreras por el delito de fraude con la venta de plazas para laborar en el gobierno del estado, de las cuales, en 2 se le otorgó el perdón porque regresó el dinero a los ofendidos, mientras que en las restantes se siguen las investigaciones correspondientes para poder solicitar una orden de aprehensión.

• De acuerdo a copias escaneadas de dichos documentos, en los beneficios que ofrecía Colorado Contreras estaban plazas basificadas al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), avaladas por el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía.

• Todos los documentos se presentaban en papel con membrete de la Oficialía Mayor del gobierno del estado y la firma de Zúñiga Barragán. Sobre la signatura aparece un sello con el logotipo de la administración de Fernando Toranzo Fernández y las palabras “Oficialía Mayor”.

San Luis Potosí, México | Guillermo Colorado Contreras, ya está en España. Lo sacó del país, su tío, el Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, José Luis Ruiz Contreras.

El jueves 4 de abril del 2013, el ex diputado local, Tomás Rosales López, realizó una protesta frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Rosales López, fue diputado local durante la LVIII (1990-1992) por el entonces Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Durante su discurso Rosales López acusó a José Luis Ruiz Contreras, secretario particular del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, de proteger a los delincuentes que “levantaron” y asesinaron a su hijo Juan Pablo Rosales, en el municipio de Villa Hidalgo.

Refirió que su hijo fue asesinado el 11 de agosto de 2011, “y a pesar de que he hecho investigaciones propias y las he aportado a la Procuraduría General de Justicia, este señor José Luis Ruiz Contreras, entonces secretario particular del procurador Miguel Ángel García Covarrubias, estuvo bloqueando la investigación; tengo pruebas y elementos para decir que estorbó la averiguación y es la causa que no prospere, un trabajo muy mal hecho se debe a él y el juez lo rechaza”.

Rosales López advirtió que presionará todo lo que sea posible, “no voy a dejar que siga la impunidad porque no sana mi herida, y este es un ejemplo de lo mucho que sucede alrededor con mucha gente donde no hacen justicia”.

Bajo esas gravísimas acusaciones del ex diputado local José Tomás Rosales López, el jueves 2 de mayo del 2013, por la mañana, se informó que José Luis Ruiz Contreras, era despedido como secretario particular del procurador de justicia, Miguel Ángel García Covarrubias. Por la noche, el diario digital EXPRÉS, informó que rindió protesta como titular de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

La Procuraduría General de Justicia del Estado recibió a partir de abril, 15 denuncias en contra del ex funcionario estatal, Guillermo Colorado Contreras por el delito de fraude, de las cuales, en 2 se le otorgó el perdón porque regresó el dinero a los ofendidos, mientras que en las restantes se siguen las investigaciones correspondientes para poder solicitar una orden de aprehensión.

Lo anterior lo informó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Carlos Gustavo Rodríguez Cruz, quien aclaró que el inculpado fue presentado ante el fiscal para rendir su declaración ministerial, esto mediante una orden de presentación girada a la Policía Ministerial del Estado por el Agente del Ministerio Publico Investigador.

En ese momento, compareció otro ofendido, quien lo señaló como la persona que la había defraudado días antes; sin embargo al no existir flagrancia, no fue posible retenerlo aunque la investigación en su contra continúa y se indaga sobre la identidad de otros cómplices que favorecieron el engaño.

Refirió que la primera denuncia en contra de Colorado Contreras se presentó en noviembre del año pasado, pero fue hasta abril cuando comenzaron a llegar muchas otras más, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentra integrando cada una de las averiguaciones con las que hasta el momento cuenta, que son 15 averiguaciones con 18 personas ofendidas.

Guillermo Colorado Contreras ofrecía a sus víctimas contratos de empleo en papel membretado de la Oficialía Mayor del gobierno estatal y hasta una carta de bienvenida presuntamente firmada por la titular de la dependencia Martha Elva Zúñiga Barragán, que incluía también sellos de la dependencia.

De acuerdo a copias escaneadas de dichos documentos, en los beneficios que ofrecía Colorado Contreras estaban plazas basificadas al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), avaladas por el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía.

Todos los documentos se presentaban en papel con membrete de la Oficialía Mayor del gobierno del estado y la firma de Zúñiga Barragán. Sobre la signatura aparece un sello con el logotipo de la administración de Fernando Toranzo Fernández y las palabras “Oficialía Mayor”.

La colocación del sello entorpece la identificación de la firma. El contrato firmado por una de las personas afectadas establece que se firma bajo la figura de prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios, firmado en representación del gobierno estatal por la Oficial Mayor y por Lidia Contreras Martínez, directora de Recursos Humanos de la dependencia, aunque de ésta no aparece la firma.

El documento tiene las declaraciones usuales, entre las que destaca que la partida presupuestal de dónde saldrá el salario del contratado es la 5380010239005551201.

Consta de sólo cuatro cláusulas, en las que se establece un sueldo mensual de 14 mil 400 pesos mensuales, pero no se detalla qué tareas realizaría el reclutado ni en qué dependencia haría sus labores. En la página final aparece la fecha: 19 de noviembre de 2013 y la supuesta firma de Zúñiga Barragán, y sobre ella un sello que la hace ilegible.

Luego está otro oficio sin fecha en el que se le hace saber al beneficiado que en virtud del contrato celebrado por la Secretaría de Finanzas, representada por Jesús Conde, se les otorgaba un “nombramiento” como personas sindicalizadas, lo que implicaba una base sindical y su afiliación al SUTSGE, así como un cargo de nivel 7 en la nómina estatal.

También aparecía la firma de la oficial mayor, cubierta por el sello de la dependencia. El tercer oficio tiene el número 022-2014/Oficialía Mayor/DG/SLP y en él, Zúñiga Barragán le desea éxito a la persona reclutada y le ofrece una disculpa por el retraso en la fecha de ingreso del beneficiario.

Aquí si aparece la dependencia a la que iría: la Dirección de Imagen y Comunicación Integral, que no existe en el organigrama de la Oficialía. Luego cita al contratado a una reunión en Finanzas el 30 de enero de 2014 para realizar el proceso de entrega recepción de su cargo.